DECLARACIÓN DEL FORO SOCIAL DE SEVILLA SOBRE LAS NUEVAS ORDENANZAS MUNICIPALES PARA LA CIUDAD DE SEVILLA

El pasado 15 de Marzo el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó con carácter inicial una ordenanza denominada “Medidas para el Fomento y Garantía de la Convivencia Ciudadana en los Espacios Públicos de Sevilla”. Bajo este epígrafe se condensa la norma que va a regir supuestamente en adelante la convivencia ciudadana en Sevilla, norma que ha sido pactada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de esta ciudad. En aras del “orden público” y bajo el pretexto de garantizar la convivencia ciudadana, la limpieza de la ciudad y de erradicar actitudes incívicas, las ordenanzas contienen un conjunto de artículos que vulneran y atentan contra algunos de los mas elementales derechos constitucionales.

Las ordenanzas municipales, en su art. 13, recoje la posibilidad de imponer fianzas en evitación de daños al mobiliario urbano a los organizadores de actos público, sin especificar a que tipo de actos se refiere, espectáculos, eventos comerciales, etc., dejando la puerta abierta a la posibilidad de que se aplique a actos organizados en ejercicio del derecho de reunión o manifestación . También la ordenanza dispone que las fuerzas municipales de orden público pueden retirar carteles, pancartas, banderas de manera “preventiva” si el agente cree que se va a realizar una concentración o manifestación “ilegal” o que la realización de ese acto va provocar suciedad. La decisión queda al arbitrio del agente, con lo que puede negar la realización de un acto sino lo cree conveniente o “decente”.

Igualmente recortan el derecho de libre expresión al prohibir la difusión de ideas o convocatorias mediante carteles, pegatinas, pancartas, panfletos… tanto en sitios públicos no habilitados para ello, como en sitios privados porque ensucian la ciudad. Quedará prohibido en la práctica, bajo multas de 750€, el derecho de todo ciudadano a poder expresar sus ideas de manera libre y democrática, a no ser que se trate de un gran partido político o una gran empresa que tiene el suficiente dinero para poder pagar los espacios publicitarios. En la practica, la libertad de expresión y de prensa quedaría residenciada exclusivamente en las empresas, de servicios, publicitarias o propietarias de medios de comunicación.

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